El acuerdo fiscal redefinió el tablero de la Cuenca Golfo San Jorge. Por primera vez en años, Nación y Chubut alinearon incentivos para intentar frenar el decline, impulsar la inversión y sostener el empleo en la cuenca más antigua del país. La eliminación de retenciones, la baja de regalías y la obligación de reinvertir todo el beneficio fiscal conforman un combo inédito en el sector.
Sin embargo, para el consultor especializado Leonardo Aldaba, el potencial del esquema solo se convertirá en resultados si la ejecución es rigurosa y si los campos maduros quedan en manos de operadores técnicamente capacitados. Su informe “Acuerdo Fiscal CGSJ: Entre el Potencial del Papel y la Realidad de la Ejecución” expone los números, los riesgos y los desafíos que definirán si este nuevo esquema marca un punto de inflexión o un capítulo más en la crisis.
Un sacrificio fiscal alto con objetivos concretos
El corazón del acuerdo es un sacrificio fiscal conjunto de Nación y Chubut que ronda los 232 millones de dólares anuales. El Gobierno nacional eliminó las retenciones al crudo convencional (8%), mientras que la provincia redujo las regalías del 12% al 8% sobre toda la producción, no solo la incremental. Según Aldaba, el impacto para los operadores suma 240 millones de dólares anuales, monto que deben reinvertir completamente.
Este diseño no constituye un subsidio sino una obligación contractual. De hecho, la inversión total proyectada debería crecer al menos 25% respecto de los niveles históricos. El enfoque es claro: sin perforación y sin tecnología EOR, el decline estructural de la cuenca se vuelve irreversible. Las retenciones cero y las regalías más bajas buscan achicar un margen operativo que, incluso con incentivos, sigue siendo muy ajustado.
En paralelo, Aldaba advierte que la producción de Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) cae desde 2014 y que, sin medidas, en cinco años podría descender a 130.000 barriles diarios con miles de empleos en riesgo. El acuerdo apunta a modificar ese escenario antes de que las curvas de declinación se vuelvan insostenibles.
Cuenca del Golfo San Jorge y dos modelos
Aldaba describe cómo Chubut y Santa Cruz implementan estrategias contrarias para la salida de YPF de áreas convencionales. Chubut optó por un modelo de transacciones privadas con derecho de veto provincial, mientras que Santa Cruz eligió un esquema de reversión y adjudicación pública bajo control de FOMICRUZ.
En Chubut, casos como Crown Point y PECOM muestran que el modelo avanza con velocidad, priorizando la continuidad operativa. La licitación de Manantiales Behr consolidó cuatro oferentes principales: CAPSA, PECOM, Grupo San Martín y Rovella Energía. Cada uno fue evaluado no solo por su oferta económica, sino por su capacidad técnica y sus planes de inversión.
En Santa Cruz la lógica es distinta: la provincia controla el proceso, exige que el 90% de la mano de obra sea local y audita cada trimestre el cumplimiento de los contratos firmados. Se trata de un enfoque estatal más intenso, orientado a asegurar inversiones por 1.259 millones de dólares en seis años.
Ambos modelos son compatibles con el acuerdo fiscal, pero plantean diferencias claras sobre cómo gestionar el recambio de operadores en campos maduros.
EOR: la única vía técnica para frenar el decline
La recuperación terciaria es el eje técnico del análisis de Aldaba. La cuenca tiene reservas probadas que representan casi la mitad del total nacional y un factor de recobro actual que oscila entre 25% y 28%. Aun así, cerca del 40% del petróleo permanece atrapado en los reservorios y solo la aplicación masiva de EOR puede habilitar su extracción.
Aldaba explica que esta tecnología no solo desacelera el decline sino que genera producción nueva. En CGSJ puede sumar entre 10% y 20% de reservas recuperables y extender la vida útil de los campos entre 15 y 20 años. Pero su rentabilidad es extremadamente sensible a los costos operativos: con OPEX de 35-45 dólares por barril y CAPEX adicional de unos 25 dólares, cualquier desviación erosiona el margen.
El informe destaca el caso CAPSA como ejemplo empírico. En el campo Diadema, la empresa elevó la producción de 127 a 1.800 metros cúbicos por día en 48 años, mantuvo reservas probadas estables durante 17 años y perforó más de 1.200 pozos. El mensaje es claro: la geología importa, pero la gestión define los resultados.
Impacto en el empleo: evitar el colapso es la prioridad
Entre 2023 y 2025 la cuenca perdió alrededor de 10.000 empleos. Aldaba detalla cómo el multiplicador de la actividad petrolera en campos maduros se ubica en torno a 2,5 veces: cada empleo directo genera otros 1,5 indirectos. Así, un retroceso operativo puede afectar miles de familias.
El acuerdo fiscal no promete una explosión de empleo. En cambio, impide un escenario mucho peor. Sin estímulo, la pérdida estimada alcanzaría 10.700 empleos totales en cinco años. Con el acuerdo y la expansión del EOR, el empleo podría crecer entre 5% y 8%, lo que preservaría o generaría entre 1.500 y 3.000 puestos directos. La diferencia real entre ambos escenarios ronda 13.000 empleos.
Aldaba advierte que EOR es intensivo en capital, no en mano de obra, y que la digitalización reduce dotaciones. El éxito del acuerdo, por lo tanto, debe medirse por la estabilización del empleo más que por su crecimiento explosivo.
El factor decisivo: quién ejecuta los campos
El informe propone ocho criterios que definen al operador correcto: visión de largo plazo, tamaño óptimo, agilidad organizacional, expertise en EOR, solidez financiera, compromiso con proveedores y sindicatos, foco territorial y una cultura orientada a la perforación continua.
Según Aldaba, la diferencia entre éxito y fracaso con el mismo paquete fiscal puede ser abismal. Si los campos quedan en manos de actores sin experiencia técnica, con estructuras lentas o sin capital para sostener EOR, el acuerdo corre riesgo de fallar. Por eso el seguimiento provincial, especialmente en Chubut, será clave en los próximos meses.
La licitación de Manantiales Behr expuso ese dilema. CAPSA, PECOM y Grupo San Martín presentaron planes sólidos ante el sindicato. Rovella Energía, en cambio, fue cuestionada por su falta de antecedentes petroleros y por no compartir su plan de desarrollo.
Un acuerdo prometedor pero con márgenes muy ajustados
Aldaba concluye que el acuerdo fiscal puede salvar al Golfo San Jorge, pero no por sí solo. Los márgenes son estrechos, los plazos técnicos chocan con la urgencia social y la auditoría de inversiones será determinante. La clave no es la geología sino la gestión: operadores aptos, seguimiento estatal, disciplina financiera y adopción rigurosa del EOR.
El acuerdo abre una puerta, afirma el consultor. Pero cruzarla exige precisión, capacidad técnica y decisiones correctas. Los próximos 18 a 36 meses serán decisivos para saber si el Golfo San Jorge inicia un ciclo de recuperación o si vuelve a enfrentar el peligro de una declinación acelerada.
