Cuando YPF comenzó a retirarse de sus áreas convencionales bajo el Proyecto Andes, cada provincia negoció de manera diferente. Santa Cruz firmó en abril de 2025 un acuerdo por 335 millones de dólares que incluyó un programa concreto de saneamiento ambiental. Neuquén exigió fideicomisos, garantías y un plan de abandono de hasta 2.000 pozos. Y Chubut, con el mayor historial petrolero de la región, aceptó 25 millones y renunció para siempre a cualquier reclamo futuro.
El contraste no es menor. El acuerdo firmado el 26 de junio de 2026 entre el gobernador Ignacio Torres y la empresa de mayoría estatal establece que la Provincia renuncia de forma “irrevocable” a formular cualquier reclamo por pasivos, hallazgos o situaciones ambientales anteriores al perfeccionamiento de las cesiones. Esa renuncia se extiende a todos los organismos, dependencias y sociedades del Estado Provincial y no admite excepción ni plazo de revisión.
“La Provincia del Chubut libera a YPF S.A. de responsabilidad por pasivos, hallazgos, cuestiones y situaciones ambientales de las Áreas, y declara que no tiene nada más que reclamarle, ni a YPF S.A., ni a sus directores y accionistas, en relación con la condición ambiental e instalaciones de dichas Áreas”, establece la cláusula 4 del Acta Acuerdo.
El mapa de una desigualdad de 310 millones de dólares
La referencia para cualquier comparación es Santa Cruz. El 2 de abril de 2025, el gobernador Claudio Vidal firmó con YPF un Memorando de Entendimiento que incluyó la transferencia de diez áreas petroleras a la empresa provincial Fomicruz, un programa de saneamiento ambiental con plazos específicos y una compensación de 335 millones de dólares. Este pacto no solo implicó la devolución de áreas hidrocarburíferas, sino también la asunción de importantes compromisos por parte de la operadora para sanear el pasivo ambiental, a diferencia del “clean exit” aplicado en las demás provincias de las que se retiró, Chubut incluida.
Neuquén siguió un camino diferente pero igualmente exigente. Uno de los requerimientos de la gobernación de Rolando Figueroa para autorizar el traspaso fue que tanto YPF como los nuevos operadores de los bloques integraran una garantía o una caución a nombre de la provincia con parte de los fondos que demandaría la remediación de los pasivos ambientales. La provincia propuso además crear un fideicomiso fondeado con aportes privados a cambio de una baja de regalías para solventar futuros trabajos de remediación.
Según informó Econojournal, si la inversión necesaria para cerrar los pozos abandonados de un área de YPF es de 10 millones de dólares, lo ideal sería que el nuevo operador otorgue al Estado provincial una garantía por 5 millones. La provincia a su vez podría bajar las regalías hasta un 5% para fomentar el desarrollo de los campos convencionales, pero parte de ese dinero que se estaría dejando de percibir debería redireccionarse a fondear un fideicomiso para repagar la remediación ambiental.
El plan que Neuquén exigió y que en Chubut nadie pidió
El acuerdo que YPF negocia con Neuquén para Chihuido de la Sierra Negra y Puesto Hernández establece un precedente de magnitud. YPF está finalizando el inventario completo de pozos a abandonar y comenzó a delinear el plan para su cierre, desmantelamiento de instalaciones y baterías. Hay 2.000 pozos en condiciones de abandono y se evalúa otorgar a YPF una extensión de la concesión con el tiempo que implique la remediación.
Tal como informó el portal que dirige Nicolás Gandini, los costos son concretos: cada pozo requiere entre 100.000 y 150.000 dólares para su cierre técnico, lo que ubica el costo total del proceso en más de 250 millones de dólares, sin incluir el desmantelamiento de infraestructura de superficie.
Ese modelo contractual, que obliga a la empresa a quedarse hasta completar el saneamiento antes de cerrar su relación con la provincia, fue exactamente lo que Chubut no negoció. El proceso en Neuquén se convertirá en un leading case para la provincia y demandará varios años para completar la remediación de los pasivos ambientales y el desmantelamiento de instalaciones y baterías. En Chubut, el modelo elegido fue el opuesto: transferir la responsabilidad a los nuevos operadores, aceptar un pago único y firmar el cierre definitivo de cualquier obligación de YPF.
El cálculo que Chubut nunca hizo públicamente
Los números disponibles permiten estimar la magnitud de lo que está en juego. El abandono de pozos, en los términos en que marca la legislación nacional, significa alrededor de 200.000 dólares por pozo.
ADNSur informó que en el área Campamento Central hay cerca de 2.000 pozos en su mayoría inactivos correspondientes solo a YPF, lo que implicaría un costo de 400 millones de dólares. A eso se suman los pozos del resto de las áreas cubiertas por el acuerdo —El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol y Manantiales Behr— y los 84 pozos offshore del área Restinga Alí.
En 2012, la entonces senadora nacional Graciela Di Pierna afirmó que en Comodoro había alrededor de 2.400 pozos abandonados que no cumplían con las exigencias de la Resolución 5/96 de la Secretaría de Energía, norma que estableció un método de abandono y sellado definitivo con especificaciones de seguridad que no existían hasta ese momento. De esos, 1.425 pozos pertenecían a YPF. Catorce años después, ninguna valuación económica independiente precedió a la firma del acuerdo que fijó en 25 millones el precio de liberar a la empresa de toda responsabilidad.
“Se puede multiplicar hasta el infinito, pero no estamos pensando en ponerle un precio a esto, porque el pasivo ambiental no se puede comprar ni vender”, declaró un funcionario técnico provincial citado por ADNSur al analizar el costo real de la remediación en Comodoro Rivadavia.
La renuncia sin retorno que ninguna otra provincia firmó
La cláusula más polémica del acuerdo no es el monto de la contraprestación sino su condición: la renuncia irrevocable. El Acta Acuerdo establece que la Provincia renuncia “en forma irrevocable” a formular cualquier reclamo de cualquier naturaleza contra YPF por pasivos, hallazgos o situaciones ambientales en las seis áreas concesionadas, “originados con anterioridad al perfeccionamiento de la cesión”. Esa renuncia se extiende a todos los organismos, dependencias y sociedades del Estado Provincial, incluyendo futuros gobiernos y futuras legislaturas.
El punto más sensible es la cláusula que impide a Chubut iniciar reclamos actuales o futuros contra la petrolera, incluso en caso de daños ambientales derivados de las instalaciones abandonadas. La decisión adoptada por Chubut instala un precedente que ya comienza a generar inquietud en otras provincias con fuerte presencia de YPF, como es el caso de Neuquén. La comparación entre ambas negociaciones vuelve a ser elocuente: mientras Neuquén negocia un plan que le garantiza intervención técnica sobre cada pozo, Chubut renunció a cualquier intervención futura sobre los que quedaron sin remediar.
“La Provincia se obliga a hacer dicha liberación y renuncia oponible a todos sus organismos dependientes y sociedades del Estado Provincial, renunciando a formular reclamos contra YPF S.A., sus directores o accionistas vinculados a pasivos, hallazgos o situaciones ambientales correspondientes a dicho período”, establece la cláusula 4 del Acta Acuerdo en análisis ante la Legislatura provincial.
La disputa por los inmuebles de YPF
Al margen del pasivo ambiental, el convenio incluye la donación de más de cien vehículos tipo Ford Ranger y Toyota Hilux y decenas de inmuebles en Comodoro Rivadavia, entre ellos el Club General Saavedra, el Club Náutico, el Club Atlético Tiro Federal, el Club Talleres Junior y el Club Florentino Ameghino. El gobierno provincial presentó estas transferencias como el logro central del acuerdo, aunque la titularización de inmuebles a favor de clubes e instituciones ya estaba contemplada en el convenio de 1999.
El artículo 6° del proyecto crea un consejo consultivo integrado por asociaciones civiles de Comodoro Rivadavia para “analizar y proponer” el destino de los inmuebles restantes. Ese organismo no tiene facultades vinculantes: sus recomendaciones no obligan al Ejecutivo provincial, que conserva la potestad final sobre cada bien. El instrumento más visible del acuerdo llega después de que todo lo sustantivo ya quedó sellado: la renuncia ambiental, el monto de la contraprestación y el cierre definitivo de cualquier obligación de YPF con el territorio que durante más de un siglo sostuvo su producción.
